En un régimen basado en la opinión pública, es decir, la valoración de los ciudadanos sobre las decisiones y la gestión que afecta a las cuestiones comunes, la transparencia es un principio fundamental, que no debe toparse con más excepciones que las estrictamente necesarias. Excepciones previstas por la ley y fundadas en la protección de un interés superior. El valor del parque inmobiliario cedido por el Estado a los sindicatos, principalmente Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, y a la Confederación Española de Asociaciones Empresariales es uno de esos datos que, aun inadvertido, no deja de ser relevante en las relaciones del Gobierno con estas instituciones. Según la información que hoy publica ABC, los sindicatos UGT y CC.OO. tienen a su disposición 58 edificios, de los que abonan los gastos corrientes, pero no las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que asciende a 700.000 euros al año, ni los gastos de rehabilitación. Unas y otros corren a cargo del Estado y, añadidos los IBI de la totalidad de los edificios cedidos a organizaciones sindicales y empresariales, suman más de 1,5 millones de euros al año. En 2021, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz aplicó una partida de cinco millones de euros, procedentes de fondos europeos, para la renovación energética de las sedes sindicales. En algunos casos, la atribución de instalaciones se justifica por la devolución de bienes incautados durante el franquismo. El Estado debe facilitar las condiciones para el ejercicio de las libertades de asociación sindical y empresarial, aunque esta función pública es compatible con saber hasta qué punto los medios puestos a disposición de sindicatos y organizaciones empresariales, más que ayudar al desarrollo de sus funciones, las están financiando de forma insustituible. El regalo, histórica y jurídicamente muy discutible , de la sede del Instituto Cervantes en París por el Gobierno de Pedro Sánchez al Partido Nacionalista Vasco es un antecedente inmediato –muy distinto, por supuesto– de cómo tras una buena excusa se esconde un interés partidista. Siempre es bueno conocer el contexto de las relaciones entre el Estado y las organizaciones representativas de intereses generales, sean de los trabajadores, sean de los empresarios. El conflicto de interés es un concepto esencial en un régimen democrático y siempre sobrevuela el espinoso mundo de la financiación pública de actividades no administrativas. Hablamos de un parque inmobiliario cuyo valor de mercado superaría los 200 millones de euros, activos muy importantes y susceptibles de la tentación del trato de favor, como en su día denunció el Bloque Nacionalista Gallego, por la supuesta discriminación, por territorio y representación, que estaba sufriendo la Confederación Intersindical Gallega. No se tendría que disputar la información sobre estas relaciones entre el Estado y el entramado asociativo del trabajo y la empresa. Tendría que formar parte de un oferta unilateral de transparencia de la Administración del Estado y de las propias entidades beneficiadas. No se trata de cuestionar a priori esta facilitación de medios, sino de contar con información suficiente para descartar prácticas caciquiles que condicionen las libertades constitucionales de sindicatos y entidades empresariales.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-03-30 23:23:00
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