La confianza es el pilar invisible sobre el que se sostiene toda economía abierta. No cotiza en bolsa, no figura en los balances empresariales ni aparece en los presupuestos, pero marca la diferencia entre la prosperidad y el estancamiento. Y en estos momentos, en España, ese pilar se tambalea. Los grandes fondos internacionales han optado por hacer una pausa en su actividad inversora en el país. No solo por el contexto global convulso o por los bandazos de la política comercial de Donald Trump, sino por algo más profundo y preocupante: el creciente intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez en el funcionamiento de las empresas privadas. El episodio más reciente —y también más grave— ha sido la consulta pública impulsada por el Ejecutivo sobre la opa de BBVA al Banco Sabadell. Bajo el pretexto de recabar opiniones ciudadanas sobre una operación corporativa, el Gobierno ha intentado revestir de legitimidad popular lo que en realidad es una maniobra para frustrar una fusión empresarial que ya ha sido avalada, con condiciones, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La jugada, sin precedentes, ha desatado una tormenta de desconfianza en los mercados financieros. No por su resultado, sino por lo que implica: una intromisión política en decisiones que deberían regirse por criterios técnicos y empresariales. El banco de inversión Alantra, uno de los pocos que se ha pronunciado en público, ha criticado la posibilidad de que se actúe discrecionalmente contra la operación con palabras durísimas: «Si esto ocurre, España corre el riesgo de convertirse en otra Venezuela, lo que supondría un duro golpe tanto para el sector bancario como para el mercado bursátil español». A su juicio, la consulta es síntoma de un clima institucional deteriorado. Aunque otros fondos han preferido no pronunciarse en público, los calificativos en privado no son menos contundentes: «Populismo», «intervencionismo», etcétera. Los fondos de inversión foráneos controlan un 40 por ciento de la deuda del Tesoro español, un 62 por ciento de los bonos corporativos y bancarios, el 45 por ciento de las acciones de bolsa y un 5 por ciento del capital de las empresas no cotizadas del país, según una investigación periodística del año pasado. Muchos de ellos han confirmado a ABC que mantienen congeladas operaciones corporativas significativas, a la espera de un entorno más estable. La parálisis afecta no solo a compraventas o fusiones, sino también a procesos de refinanciación. No se trata de un frenazo aislado, sino de la acumulación de señales negativas: la inseguridad jurídica, los cambios regulatorios, los laudos en renovables, la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica con la imposición de una nueva cúpula alineada con el Gobierno… Todo ello compone un retrato preocupante para los inversores. La incertidumbre fiscal, la falta de Presupuestos, los nombramientos partidistas en empresas públicas y semipúblicas, y el uso cada vez más descarado del aparato del Estado como herramienta electoral conforman un entorno tóxico. Uno de los últimos informes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ahora preside Nadia Calviño, exvicepresidenta de Pedro Sánchez, advierte de que el clima político y regulatorio está frenando la inversión. La pérdida de confianza es la consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan el control sobre el crecimiento. Y tiene efectos duraderos. Cuando un fondo desiste de invertir en un país, no lo hace solo por lo que ve hoy, sino por lo que intuye que ocurrirá mañana. Y lo que intuyen es un Gobierno dispuesto a torcer las reglas para defender su relato.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-05-18 22:52:00
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