Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, no se presentó el pasado sábado en los juzgados de Plaza de Castilla para que el magistrado Juan Carlos Peinado le informara en persona de que la causa que sigue contra ella por malversación continuará por el procedimiento del Tribunal del Jurado, lo que supondrá que en el hipotético caso de ir a juicio será un jurado popular quien dicte el veredicto. Su defensa pidió el archivo de la causa. Las investigaciones apuntan a que Gómez pudo haber influido, aprovechando su posición en el entorno gubernamental, para favorecer a determinadas empresas o entidades en la concesión de ayudas públicas o contratos, de los cuales ella o su círculo cercano habrían obtenido beneficios indebidos. El caso ha generado un intenso debate mediático y político , puesto que la acusación se basa en indicios recogidos por la fiscalía y respaldados por informes policiales, aunque hasta el momento no se ha emitido sentencia firme. Sin duda es uno de los casos que más titulares en los medios de comunicación ha aparado en los últimos tiempos. En él también estaban citados otros dos investigados en esta pieza separada del proceso principal: la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Los tres están investigados por presunta malversación, al creer el juez Peinado que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez si esta ha desempeñado funciones privadas para ella, vinculadas a su faceta profesional, pero pagada con fondos públicos. Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, centrado en delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida . Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, explicó el pasado sábado 27 de septiembre en ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE las claves de la nueva fase judicial. El principal escollo de la acusación es que el delito de malversación solo puede atribuirse , en principio, a un funcionario público , condición que no ostenta Gómez. Sin embargo, Pardo ha señalado que se puede imputar a «aquellos que hayan participado de la malversación». La tesis de la acusación es que la asesora contratada en Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, actuaba bajo las órdenes de Begoña Gómez para fines que no correspondían a su puesto de trabajo. Según Pardo, la asesora «recibe órdenes» de Gómez y «lo que debería haber hecho» era negarse a realizar tareas fuera de su competencia. La acusación popular defiende que, aunque se necesite una «interpretación un poco flexible» del Código Penal, «la condición de funcionaria sí que se puede extender a Begoña Gómez aquí» porque la asesora estaba designada para un cargo público. Si el caso finalmente llega a juicio, este se celebrará con un jurado popular , tal y como establece la ley para el delito de malversación. Pardo ha recordado la alta tasa de condenas en este tipo de procesos: «Begoña Gómez tiene un 92,8 por 100 de posibilidades de si se llega a juicio oral de acabar siendo condenada , según las estadísticas», ha afirmado el experto en el citado programa. Y es que según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el 93% de los juicios con jurado han terminado con el veredicto de culpable contra las personas acusadas. En este sentido los últimos datos registrados, que datan del año 2024, señalan que los magistrados solamente recurrieron en 694 casos a un juzgado popular en un universo que cuenta con más de 2 millones de casos anuales. Casi en un 93 % de casos se declaró culpable a la acusada. Si lo comparamos con las diligencias abreviadas, que suelen ser las más comunes, la serie histórica refleja que la media no supera el 80% de los veredictos contrarios a las personas imputadas .
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Author : (abc)
Publish date : 2025-09-29 11:25:00
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