Tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, el Consejo de Ministros ha cumplido este martes con la previsión constitucional de proponer a la persona que ha de ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Tras el preceptivo, pero no vinculante, informe del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento corresponderá al Jefe del Estado, como un trámite reglado. El Gobierno ha propuesto a la fiscal de Sala Teresa Peramato , también jefa de la Sección Penal de la fiscalía ante el Tribunal Supremo. Peramato es fiscal con amplia experiencia, especializada en violencia machista, y sus últimos ascensos los debe a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Además, Peramato es una significada miembro de la Unión Progresista de Fiscales. El Gobierno ha ido sobre seguro con esta elección. No ha pretendido aparentar mínimamente su opción por una candidatura de perfil independiente, desmarcada de los mandatos sectarios de Delgado y García Ortiz y de su asociación progresista y minoritaria. Con esta propuesta, Sánchez ha lanzado varios mensajes. El primero es que su situación personal ante los acontecimientos judiciales de su familia y su entorno político más cercano condiciona al Gobierno en su conjunto para el ejercicio de su función constitucional en la propuesta de candidato a la Fiscalía General del Estado. El segundo está dirigido a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, por haber elegido a la fiscal responsable de la fiscalía ante esta Sala, lo que permite presumir una perfecta alineación con el papel escandalosamente parcial en la defensa de García Ortiz. Y el tercero es un guiño de autocomplacencia del Ejecutivo por el perfil feminista de la candidata, promovida a la jefatura de la fiscalía justo en el día dedicado a la erradicación de la violencia machista. Sin solución de continuidad a la noticia de su nombramiento, la izquierda ya ha pedido a Peramato que defienda una «justicia feminista» y combata «a la derecha judicial». Todo nuevo cargo debe contar con el beneficio de la duda. Peramato ha de ganárselo, porque se lo han arrebatado de antemano los comportamientos de su predecesor y la estrategia colonizadora que practica el gobierno con las instituciones del Estado de derecho. La candidata a fiscal general del Estado cuenta con la enseñanza de lo que le ha sucedido a García Ortiz por convertirse en un peón de la brega partidista promovida por el PSOE contra sus adversarios políticos. Aunque conviene recordar que García Ortiz no solo se ha despedido de su cargo con una condena penal encima, sino también con el reproche de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de haber hecho nombramientos con desviación de poder, la versión administrativa de la prevaricación penal. Teresa Peramato puede decidir entre ser una ministra más del Gobierno de Sánchez o asumir lealmente las obligaciones de la jefatura de la Fiscalía. La verdadera urgencia de Peramato no es blindar a Sánchez, ni secundar al Gobierno, ni atender las proclamas guerracivilistas de la izquierda asociada al PSOE. La verdadera urgencia de Peramato es reconstruir la imagen de la Fiscalía ante la sociedad, recuperar la confianza de los fiscales en su máxima responsable y devolver al Estado de derecho ese Ministerio Público secuestrado por el Gobierno, para que realmente sea la institución que defienda el interés público, el principio de legalidad y la independencia judicial. Al final, la estima de un cargo público por la dignidad de su función es el mejor antídoto a la injerencia y la dominación partidista
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Author : (abc)
Publish date : 2025-11-25 20:02:00
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