El sábado de la semana pasada, agentes de la Policía Nacional tuvieron que disparar hasta tres veces contra un joven español de padres marroquíes que al grito de «Alá es grande» se abalanzó contra ellos con un cuchillo. Previamente, el mismo agresor había herido a tres personas, todos residentes en el distrito madrileño de Vallecas. Inicialmente el caso aparentaba ser un incidente de delincuencia común, pero la llamada del hermano del agresor a la Policía cambió la percepción de los acontecimientos. Aunque el joven armado parecía haber ingerido drogas y la agresión podía encontrar causa en el consumo de estupefacientes, los agentes que acudieron al lugar de los hechos se encontraron con un ataque yihadista. Además de las invocaciones a Alá , los agentes escucharon lo que parecían ser oraciones en árabe. Lo siguiente fue la embestida del joven y los disparos de la Policía. La Audiencia Nacional investiga los hechos como un atentado islamista, en el que los forenses determinarán el papel de las drogas consumidas por el detenido. En todo caso, la calificación del suceso como terrorismo yihadista es lo que ha justificado la intervención de un juzgado central de instrucción. Pese al riesgo evidente que asumieron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y lo extraordinario del uso de armas de fuego contra el agresor, el Ministerio del Interior guardó –y sigue guardando– un absoluto mutismo sobre el incidente. No es que haya silenciado el posible carácter terrorista de la agresión; es que no ha hecho referencia siquiera a la intervención policial. El mismo día del incidente en Vallecas, el gabinete de prensa del Ministerio del Interior informaba de la desarticulación de un grupo violento vinculado a una banda juvenil. En los días posteriores persistió el silencio oficial sobre una agresión que podía haberse saldado con varias muertes. No es la primera vez que Interior pone sordina a casos que, desde el primer momento, se ejecutan como actos de terrorismo yihadista. Lo hizo, por ejemplo, en septiembre de 2021, con la embestida de un coche contra la terraza de una cafetería en la localidad murciana de Torre Pacheco, conducido por un yihadista que se suicidó tras un atropello que causó dos muertos y varios heridos. Esta resistencia informativa del Ministerio del Interior a todo lo que apunte a terror yihadista, que contrasta tanto con su locuacidad sobre la violencia machista o los delitos de odio, es una forma irrespetuosa de tratar a una opinión pública que considera inmadura y a la que se empeña en tutelar a través de la opacidad. España está curtida suficientemente para asumir que, como sociedad democrática y occidental que es, se encuentra en el radar de la amenaza yihadista. La idea de que la realidad de la que no se habla no existe es propia de políticos cobardes o con algún complejo sobre sus espaldas. El Gobierno –tan inclusivo, tan abierto– vive en la fantasía de que bajo su mandato no puede haber terrorismo islamista en España. Sus estrategas deben de pensar que al ciudadano español hay que convencerlo de que el yihadismo era cosa de la derecha y no de un Gobierno tan sensible al mundo musulmán que recibe los elogios de los hutíes y de Hamás. El Ejecutivo y la izquierda no han aprendido que todo se sabe en una sociedad abierta e informada, consciente de que lo de Torre Pacheco fue un doble asesinato terrorista y de que la agresión de Vallecas tiene todos los indicios de serlo. Y aunque no lo fuera, la obligación del Ministerio del Interior es comunicar de manera oficial, para informar a la sociedad y responsabilizarse de su tranquilidad.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-11-30 03:13:00
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