La supuesta revelación de secretos por la que está investigada el fiscal general del Estado contempla un castigo de hasta cuatro años de prisión y una inhabilitación para el cargo de hasta tres años, según el artículo 417.2 del Código Penal. Las acusaciones, al menos la popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la particular, por el abogado de Alberto González Amador, ven a Álvaro García Ortiz en el banquillo después de su declaración como imputado este miércoles y con los indicios que constan en la causa contra él del Tribunal Supremo. El instructor Ángel