No tiene buena pinta para la Junta de Castilla y León lo que puede ocurrir en la tan esperada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el próximo día 26 de febrero. La cita, que reunirá a las comunidades autónomas para debatir, en principio, del ansiado nuevo modelo de financiación autonómica, puede quedar totalmente diluida y limitarse a hablar «de lo que quieren los partidos separatistas». Es el temor que ha trasladado este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, después de que desde el Ministerio les hayan dado recientemente un plazo de un mes para defender -otra vez- sus postulados de cara a ese cambio de modelo que lleva más de una década ‘caducado’. Este segundo periodo de alegaciones -que llega casi tres años después de que todos los gobiernos presentaran sus ‘peticiones’- hace pensar a Carriedo que el encuentro de la próxima semana se «centre» en la «condonación de la deuda a Cataluña» cuando «ese problema no es el fundamental» de las autonomías que allí estarán representadas. Lo que urge a las comunidades es «la financiación, no de la deuda, sino de la educación, de la sanidad y de los servicios públicos que prestamos y tenemos transferidos», por lo que insistió en que «lo que necesitamos es un nuevo» sistema «y no algo alternativo» como sería el perdón de la deuda «acordado» entre el Gobierno central y el de Cataluña tras la exigencia de los dos partidos independentistas que sustentan al Ejecutivo central a cambio de concesiones como ésta. «El asunto de la condonación de la deuda interesa» a esas formaciones «separatistas» y al Gobierno central porque «es un tema que se ha planteado sólo con ellos y que los demás no hemos pedido, pero que ahora se quiere extender al resto», repasó. Sin trasladar una postura sobre lo que haría la Junta en caso de que se plantee -como ya se ha hecho de palabra- desde el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez la quita de parte de lo que las autonomías deben al Estado, el consejero portavoz insistió que «lo que queremos es que el Consejo sirva para avanzar en la financiación autonómica y también que el Gobierno renuncie expresamente a los acuerdos firmados» con Junts y ERC. En cuanto a las alegaciones que pide ahora el Ministerio, el portavoz de la Junta recordó que los principios defendidos por Castilla y León se incluyeron en un documento remitido en 2022 en el que se reclamaba, entre otros aspectos, que la despoblación tuviera presencia en el nuevo modelo, algo que recientemente se habría descartado por parte del Gobierno en el informe remitido a las comunidades y sobre el que ahora se pide de nuevo un posicionamiento de cada una de las autonomías. «Por coherencia, naturalmente, complementaremos ese documento en función de estadísticas, datos o informes que puedan reforzar nuestra postura, así como los acuerdos alcanzados en las Cortes de Castilla y León», aunque «el contenido básico será el mismo», detalló. En su lista de reproches, resaltó que en su momento -finales de 2021- solo se les dio -como ahora- «un mes para hacer una documento» , mientras el Gobierno «ha tardado tres años» en resumir la suma de las propuestas de las autonomías sin que, además, «haya tenido una buena acogida por la mayoría». Respecto a los acuerdos en el Parlamento autonómico, hizo especial hincapié en el que se trasladó el rechazo a los pactos con los separatistas para su salida de la Agencia Estatal Tributaria y del régimen común. Además, la Junta mantendrá la defensa de criterios de igualdad, solidaridad y suficiencia, a través del establecimiento del coste efectivo de los servicios públicos y con una financiación negociada «entre todos».
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Author : (abc)
Publish date : 2025-02-21 07:35:00
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