La campaña personal de Conde-Pumpido contra los jueces que preguntan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por ciertas sentencias del Tribunal Constitucional es ya temeraria. La UE es un marco supranacional con su propio régimen legal, que, en su competencias, se sobrepone a las normas estatales con la misma fuerza vinculante que las Constituciones a las leyes internas. Los responsables de garantizar la primacía del derecho de la UE son todas las instituciones públicas, incluyendo a los jueces de cada Estado miembro. Estos jueces no solo pueden, sino que deben plantear al TJUE cualquier duda que tengan sobre la compatibilidad entre el derecho nacional y el derecho de la Unión. Y dentro del derecho nacional, en sentido amplio, susceptible de ser aplicado por los tribunales españoles, debe incluirse la jurisprudencia del TC, la cual es vinculante para los jueces en la interpretación que haga de «los preceptos y principios constitucionales», según prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los informes preparados por diversos letrados del TC, incluidos aquellos que han recibido el encargo directamente del presidente Conde-Pumpido, advierten de que no hay norma que impida a los tribunales de la justicia ordinaria elevar cuestiones prejudiciales sobre la compatibilidad de la jurisprudencia constitucional con el Derecho de la UE. Todas estas opiniones se centran en las cuestiones jurídicas que ha planteado el desafío precipitado lanzado por Conde-Pumpido. Uno de esos informes avisa, incluso, de que el TC podría incurrir en infracción de la normativa comunitaria si intentara vetar la potestad jurisdiccional de acudir al TJUE. El diálogo entre tribunales forma parte esencial de la incorporación efectiva de los ordenamientos nacionales al proyecto europeo. Conde-Pumpido, en cambio, pretende un monólogo interpretado solo por él, arrastrando al TC en su empeño y forzando a los tribunales amenazados a responder. Y ya han respondido, porque tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como la Audiencia Provincial de Sevilla , han pedido al TC que justifique sus requerimientos a uno y otra por las cuestiones prejudiciales que han planteado. La justificación no será fácil, porque tales requerimientos no son iniciativas del TC, como órgano colegiado, sino personales de su presidente; tampoco se sustentan en norma alguna, ni responden a una negativa de esos tribunales a aplicar la doctrina del TC. Sin amparo legal, ni interés legítimo, una actuación así se califica, al menos, como arbitraria. Los magistrados que suelen votar con Conde-Pumpido en formación cerrada tendrán que manifestarse en el pleno convocado por su presidente sobre este órdago que los tribunales ordinarios le han aceptado sin titubeos. Es posible que estos órganos judiciales no tengan razón y que la doctrina del TC sea acorde con el Derecho europeo, pero esto lo tiene que juzgar el TJUE, no el propio TC. Conde-Pumpido ha creado un conflicto en el que se está quedando solo, porque ha interiorizado de forma desmedida el rol de defender a toda costa la agenda política del Gobierno. Su empeño contra los jueces que preguntan al TJUE es una mezcla de soberbia y de tensión, porque el Gobierno confía en él el lavado de asuntos que ya no pueden resolverse a espaldas del Derecho de la UE. Conde-Pumpido ha tenido siempre tendencia al caudillismo en la forma de ejercer su autoridad. Como fiscal general del Estado, ejerció de forma implacable el mando jerárquico del Ministerio Fiscal. Como presidente del TC, debe encargarse de presidir el tribunal que vela por proteger la Constitución, no por incumplirla.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-04-04 23:59:00
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