España comparte desde hace años el podio de países con más laudos arbitrales impagados, junto a regímenes como Venezuela o Rusia. El origen del conflicto está en la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables, que provocó 26 condenas internacionales por valor de 1.492 millones de euros. Sólo se ha pagado una, y la factura podría superar los 2.000 millones si se suman intereses, litigios y costes futuros. El Gobierno, aferrado al respaldo de la Comisión Europea, se niega a cumplir con lo que dictan tribunales internacionales, alegando que hacerlo implicaría una ayuda de Estado ilegal. Pero esta estrategia de obstrucción legal tiene un precio . Además de los costes financieros y reputacionales, España se arriesga a embargos internacionales en activos como el Instituto Cervantes o las compensaciones del Prestige. Evitar el pago puede parecer un triunfo político momentáneo. Pero en el tablero de la seguridad jurídica y la credibilidad exterior, el coste de no cumplir es mucho más alto.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-08-24 03:02:00
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