El último informe de la unidad investigadora de la Guardia Civil, aportado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el 11 de noviembre y al que tuvo acceso ABC, refleja que el político navarro preparó la adjudicación de obras a cambio de comisiones en cuanto José Luis Ábalos tomó posesión del cargo como ministro de Transportes, en junio de 2018. De hecho, los agentes sostienen que los indicios apuntan a que el exsecretario de Organización del PSOE era el «enlace entre el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y la mercantil Acciona Construcción, ya sea directamente con sus directivos o a través de Antxon/Servinabar», en referencia a Antxon Alonso, que compartía con el político la propiedad de la citada empresa navarra según un contrato privado no elevado a público. La multinacional Acciona, a cambio de la influencia, subcontrataba a Servinabar en proyectos en los que era adjudicataria en Unión Temporal de Empresas (UTE). La voracidad de Santos Cerdán queda de manifiesto en un correo electrónico que envió el 7 de junio de 2018 desde su cuenta corporativa del PSOE, el día que Ábalos tomaba posesión de la cartera de Transportes. El destinatario, un asesor socialista del Parlamento de Navarra, José Guillermo Berlanga, al que daba instrucciones para no dejar rastro en los envíos: «Imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis». Esas hojas recogían nombramientos que se debían hacer en el ministerio para, presuntamente, controlar adjudicaciones, pero también un documento para el Ministerio de Medio Ambiente relativo a la concesión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) que la trama quería para el proyecto de Mina Muga. Antxon Alonso incluso se dirigió por mail a la presidenta navarra, Uxue Barcos, para tratar de conseguirlo. Koldo se los remitió tres días después a Fernando Merino, el directivo de Acciona investigado. Para este proyecto, la reutilización de una antigua mina como depósito de residuos salinos que afectaba a las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón, la trama también planeó llegar hasta José Luis Lambán, entonces presidente aragonés. Según un documento manuscrito intervenido, de Koldo se iba a Santos y de ahí hasta el presidente de Aragón. La UCO recogió que, pese a que este proyecto se inició tiempo antes, no fue hasta la llegada de Ábalos al ministerio cuando se consiguieron los permisos del Gobierno central. El 30 de julio de 2018 Ábalos se reunió con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el CEO de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla. La cita se fraguó en junio, recién nombrado Ábalos. Fernando Merino pidió a Antxon Alonso que llamase a «Madrid para confirmar que el Gran Jefe Indio está esperando la llamada del Titular». Con ese apodo se referían al ministro, y querían asegurarse de que fuera él quien recibiera al presidente de Acciona y no un subordinado. Pero el rol de Santos Cerdán no se limitbaa a su intermediación entre ministerio y contratista público, sino que también «habría consistido en la canalización de fondos procedente de la constructora a Koldo y Ábalos». La UCO pone ejemplos gracias a los audios intervenidos al exasesor y escolta, de los que se deduce que pactaron 1.070.000 euros en comisiones por cinco adjudicaciones a Acciona, de los que cobraron 620.000 y se adeudaba el resto. Entre lo que se debía reflejaron 70.000 euros vinculados al «bajo de un inmueble». No queda claro qué es, pero Ábalos compró en julio de 2020 el bajo de su casa de Valencia pagando una parte en negro, como publicó ABC. Junto con su socio Antxon Alonso, habría diseñado, según investiga el Supremo, un engranaje perfecto para que mientras Acciona sería la adjudicataria de obra pública gracias a sus relaciones, Servinabar garantizaba una comisión. Las partes firmaban sus acuerdos antes incluso de que se publicara la licitación. La tarifa más general que aplicaba Servinabar era de un 2 por ciento del total de la obra, aunque en una de ellas, en un tramo de la autovía A68 en La Rioja, la cuantía llegó al 2,19 por ciento. «Si finalmente Acciona Construcción resultaba adjuditacaria del proyecto en cuestión, ambas partes firmaban un contrato específico de prestación de servicios asociado a dicho expediente de obra pública». Eso sí, «los conceptos por los que Servinabar terminaba siendo contratada eran muy genéricos o de una vaga descripción». En los citados contratos se establecía el importe a cobrar por Servinabar y, de hecho, se han encontrado facturas. Incluso se han detectado asientos bancarios. En concreto, están relacionados con los proyectos ‘Logroño’, ‘Sevilla’ y ‘Sant Feliù de Llobregat’. Incluso, hay una conversación entre Antxon Alonso y Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción -suspendido ayer por la compañía y citado a declarar como investigado el 3 de diciembre en el Supremo- de la que se desprende que esta operativa se habría repetido toda la etapa ministerial de Ábalos. El informe de la UCO identifica cinco adjudicaciones a Acciona Construcción en las que la empresa habría pagado a la trama. Dos afectan a Murcia: el soterramiento de la red arterial ferroviaria de esa ciudad, por casi 159 millones de euros; y la contrucción de un tramo de una plataforma del corredor del Mediterráneo de alta velocidad, por otros 121 millones. Las otras tres adjudicaciones sospechosas son la construcción en La Rioja de un tramo de la autopista A-68 por más de 92 millones; la construcción de tirantes del Puente del Centenario de Sevilla por casi 85 y el proyecto de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat que superó los 62 millones. El informe de la UCO también ha revelado que Servinabar costeó el alquiler de un piso en el centro de Madrid (calle Hilarión Eslava) para el socialista navarro hasta el momento en que entró en la cárcel, a finales de junio. El reporte entregado al juez recoge que «en fecha próxima a la moción de censura por la que cambió el Gobierno de España en junio de 2018, desde las cuentas de Servinabar se comenzó a abonar una nueva cuota de arrendamiento, esta vez para un inmueble sito en la calle Hilarión Eslava de Madrid, correspondiente a la vivienda de Santos y su familia hasta el mes de julio de 2025». Por el arrendamiento de este inmueble, la compañía pagó 44.645 euros. No fue el único gasto en favor de la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE por parte de Servinabar (cuya facturación, en un 75%, procedía de los contratos con Acciona). También tuvo contratada a la hermana de Cerdán, a su cuñado (hermano de su mujer) y pagó varias facturas a su esposa. La relación contratactual de la hermana de Cerdán, Belén Cerdán, con Servinabar se habría iniciado en 2020 y «pudiera haberse extendido hasta mediados de 2025». A ella se han encontrado pagos por valor de 22.324 euros. La sociedad a través de la que estuvo contratada, Erkolan, recibió un total de 379.577 euros mensuales procedentes de Servinabar entre el 8 de diciembre de 2015 y el 28 de mayo de 2025. En el caso de su cuñado, Antonio Muñoz Cano, le hizo hasta 69 transferencias por un valor de 53.130 euros entre el 1 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2022. La esposa de Cerdán, Francisca Muñoz, se incorporó a la cooperativa Noran Coorp como «socio trabajador» en 2018 y cobró 9.500 euros en cinco traspasos. Cerdán también dispuso de hasta 33.574 euros en dos tarjetas de crédito a nombre de Antxon Alonso. La Guardia Civil alerta de que «se han localizado pagos que, por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a Santos o su entorno familiar».
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Author : (abc)
Publish date : 2025-11-18 19:23:00
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