La Universidad de Sevilla afronta unos tiempos inciertos por su déficit económico. La rectora de la US, Carmen Vargas , traslada este jueves al Consejo de Gobierno un informe detallado con los números y costes actuales de la plantilla de la institución académica después del acuerdo de financiación alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en virtud del cual la Hispalense percibirá, de momento, en 2026 un total de 449,3 millones de euros (cantidad en la que se incluyen 2,5 millones para la «sostenibilidad financiera» y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS). La subida del salario a los funcionarios aprobada por el Gobierno de España en los dos últimos años, ha obligado a la institución a recortar de otras partidas para adecuar el gasto a la retribución de los 7.600 empleados, entre profesorado y personal de gestión, que trabajan en ella. Sin embargo, tras el análisis realizado por la institución al que ha tenido acceso Europa Press, sus cifras apuntan a que el coste de la plantilla es de 462 millones de euros para 2026 . Ante esta situación, la rectora apunta a que se esperan «incrementos adicionales» de recursos una vez se cuente con la información de las auditorías que «universidad por universidad» van a hacer los campus andaluces y la Junta de Andalucía, medida acordada también en el último CAU. Hace tres semanas, Vargas enviaba un comunicado a la comunidad universitaria en el que advertía que «la cuantía asignada podría resultar insuficiente para atender íntegramente los gastos de personal, incluidos salarios y complementos salariales». En este sentido, entiende que la inversiónd de la consejería es «claramente insuficiente». Y ello pese a que «se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista», lo que obliga a cubrir ese desfase «en el capítulo 1 con el ahorro de otros capítulos de gasto». Vargas habla de «incertidumbre» que «obliga» a una gestión de los recursos disponibles en el marco de la prórroga presupuestaria «basada en el principio de prudencia y con un escenario que aconseja la realización de ajustes bien sea mediante modificación presupuestaria o con la elaboración de un nuevo presupuesto». Para ello, las actuaciones previstas son, en primer lugar, establecer un «control» en el crecimiento del capítulo 1, con una «política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025». El Rectorado está «valorando» un «ajuste» del presupuesto de 2026 para «garantizar el pago del capítulo 1 según lo estimado». El criterio que seguirá en este ajuste es el de «minimizar el impacto directo en las personas» de forma que «todas aquellas medidas que afecten directamente a las retribuciones y al complemento de los trabajadores y estudiantes son consideradas prioritarias». «La situación actual -recoge el informe que lleva la rectora al Consejo de Gobierno- requiere revisar de forma integral el funcionamiento ordinario de la institución para identificar márgenes de eficiencia y priorizar el uso de recursos. En este contexto, la Universidad presentará para ser valoradas con los sectores implicados medidas adicionales de ajuste presupuestario que afectarán a ámbitos como la racionalización del gasto, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones y contrataciones de personal y planes propios». Concrementamente, en el caso del PTGAS, la US prevé que este año el incremento de la masa salarial es de un 6,9% -un 4% debido al incremento salarial de 2025/2026, un 2,5% de atrasos por la subida salarial de 2025 y el resto para atender actuaciones en 2026- mientras que en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), esa subida es de un 12,9%. El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión «técnica», con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para «determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda» que recoge el modelo de financiación pactado entre la Administración y los rectores. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales. Y en esto último -los incrementos salariales- es donde entra el papel de la comisión que va a analizar los «criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario -capítulo 1 de los presupuestos-» y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis «universidad por universidad» de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda. Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende «alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado». Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el Ptgas: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.
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Author : (abc)
Publish date : 2026-05-21 08:00:00
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