Los casos de los GAL, Filesa o Luis Roldán obligaron a Felipe González a admitir la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos reservados para la defensa y la seguridad del Estado, utilizados hasta entonces en beneficio propio –guerras sucias y particulares– y de espaldas a las Cortes. A puerta cerrada, la conocida como comisión de secretos oficiales es la encargada de pasar revista al gasto de una partida presupuestaria que los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, obligados por ley a presentar sus cuentas cada seis meses , han tapado bajo el manto de la opacidad