La Fiscalía Anticorrupción considera que hay indicios de que la aerolínea Plus Ultra defraudó al Estado al hacer un «uso indebido» de los 53 millones de euros de rescate que el Consejo de Ministros le concedió en marzo de 2021 para hacer frente a la crisis del coronavirus, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestionaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sostiene que, «en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública», la compañía aérea realizó devoluciones de dinero de supuestos contratos de préstamo a cuentas en el extranjero pertenecientes
