El Gobierno de Carlos Mazón ha autorizado este martes que la Abogacía de la Generalitat interponga un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, ya que considera que es «unilateral» e «invade» las competencias autonómicas. Así lo ha explicado la portavoz del Consell y vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario celebrado este martes. El recurso se interpone contra la norma que desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025.