Tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, el Consejo de Ministros ha cumplido este martes con la previsión constitucional de proponer a la persona que ha de ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Tras el preceptivo, pero no vinculante, informe del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento corresponderá al Jefe del Estado, como un trámite reglado. El Gobierno ha propuesto a la fiscal de Sala Teresa Peramato , también jefa de la Sección Penal de la fiscalía ante el Tribunal Supremo. Peramato es fiscal con