España comparte desde hace años el podio de países con más laudos arbitrales impagados, junto a regímenes como Venezuela o Rusia. El origen del conflicto está en la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables, que provocó 26 condenas internacionales por valor de 1.492 millones de euros. Sólo se ha pagado una, y la factura podría superar los 2.000 millones si se suman intereses, litigios y costes futuros. El Gobierno, aferrado al respaldo de la Comisión Europea, se niega a cumplir con lo que dictan tribunales internacionales, alegando que hacerlo implicaría una ayuda de Estado ilegal. Pero esta