Que los tres últimos presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estén siendo investigados penalmente por delitos relacionados con las tramas de corrupción vinculadas al PSOE no puede ser solo mera casualidad. Sus presunciones de inocencia siguen intactas en el ámbito judicial, que es el propio de tal presunción constitucional. Pero la visión jurídica es incompleta para analizar la dimensión y la gravedad del hecho de que el Gobierno haya consentido que la sociedad pública que canaliza miles de millones de euros a la inversión empresarial acabara convertida en la tesorería de las redes de corrupción creadas a